Actualidad Opinión

El negocio de la Semana Santa

La Semana Santa también tiene su cara contracultural. Encontré, cierta vez, una pintada callejera en la que aparecía un crucificado con una pregunta: «¿Habré muerto para salvar el turismo?». La cuestión iba a las tripas de la masificación que los últimos años viene padeciendo la celebración de la Semana Santa. Un proceso, sin embargo, que hunde sus raíces en el siglo diecinueve y que está ligado, válgame Dios, a la propia carrera oficial.

 

La noticia creo que ya se conoce: los abonados de las sillas y palcos tendrán que pagar, inexcusablemente, el 21 por ciento de IVA para el uso y disfrute de los asientos de la Semana Santa próxima. El alcalde de Sevilla, el ¿socialista? Juan Espadas ya se ha lamentado por la noticia. Es un ataque a los sevillanos, dice el regidor. La prensa local ya tiene a su culpable: un señor de Murcia que, ante la duda y la honradez ciudadana, tuvo la ajena idea de preguntarle al Fisco si había que pagar el impuesto correspondiente de lo que él, y todos, sabemos que es un negocio de carácter lucrativo. Una rara avis. Más allá de cómo se resolviera el asunto en los albores del nuevo milenio, donde las cofradías sevillanas eludieron el pago del impuesto acogidos a una triquiñuela legal –y la mano de santo de un político conservador-, el presidente del Consejo sevillano ha confirmado el pago será ineludible. Además, él mismo habría confirmado que esto se veía venir. Es decir, que las cofradías sabían que no pagar el IVA de las sillas y palcos era una excepción, y que si Hacienda se levantaba en armas, nada podría evitar dicho pago. Dicho de otro modo, que las cofradías llevan veinte años extraviando un dinero considerable a las arcas públicas, algo que parece poco justificable, sobre todo a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia: primero hay que ser buenos ciudadanos.

Quienes ahora se echan las manos a la cabeza por el asunto del pago del IVA, deberían saber que la cosa puede ir a peor. Si bien la cesión del suelo público para su explotación la realiza el Ayuntamiento de Sevilla a modo de subvención pública, el sustento legal de este hecho está cogido con alfileres. Entre otras cosas porque, con el cobro (irrisorio) de una tasa por la colocación de cada silla, el Ayuntamiento estaría reconociendo, implícitamente, que aquello es un negocio. Como lo son los veladores o los puestos de hamburguesas.

Por más vueltas que se le quiera dar al asunto, y aunque se intente maquillar, la carrera oficial es un negocio que antes gestionaban los silleros de manera privada, ojo al tema, y que ahora es una actividad de carácter lucrativo organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías –que es una organización sin ánimo de lucro- que reparte, a posteriori, los beneficios entre sus asociados. Para más dolor. Todo esto despropósito decimonónico se produce, sin empacho, en la cara de la ciudadanía y con la connivencia de las autoridades públicas, lo cual es más sangrante.

Foto de https://andaluciainformacion.es

 

Por otro lado, el destino que cada hermandad le dé a esos dividendos que recibe cada año, no justifica, en ningún caso, actuar al margen de la ley. Aún resuena en mi memoria aquel infausto momento que tuve el deshonor de presenciar, cuando un hermano mayor de penitencia le espetó a un homólogo de gloria aquello de «No nos roben la cartera». Más de la mitad de la nómina de la Semana Santa depende de la mal llamada subvención del Consejo para funcionar durante todo el año, estación de penitencia incluida. Argumentar, por tanto, que la carrera oficial cumple una función social constituye un descaro supino.

 

Va siendo hora de despertar a la realidad: sí, la Semana Santa es un negocio y no pasa nada por reconocerlo. Quizá, sería más beneficioso para todos que pudiera regularse. De este modo, sería más democrática, más justa y menos endogámica. Porque, pagando impuestos, la Semana Santa sí que cumple una verdadera función social: la de la redistribución de la riqueza, que no es poco, con la que se financia la sanidad, la educación, las pensiones, la seguridad y otros bienes públicos. Siento decirles que las sillas y palcos no son un bien de primera necesidad –aunque algunos así lo crean-, que sus abonados las obtuvieron mediante sistema hereditario o mediante un sistema de endogamia nepotista –amiguismo, vaya- y, semejante lujo, debe repercutir positivamente sobre toda la ciudadanía que se ve privada de pasear libremente por la ciudad de la gracia durante una semana. Triste guasa.

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